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En el 131º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevado a cabo recientemente en Washington D.C., uno de los temas de discusión y también de preocupación fue el siguiente: en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA) han surgido y avanzado diversas propuestas para reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CAJP está integrada por los representantes de los Estados miembros, a diferencia de la CIDH que, como se sabe, está integrada por expertos independientes elegidos directamente por la Asamblea General de la OEA.
Por cierto, todas estas propuestas de reforma del sistema interamericano postulan su mejora y perfeccionamiento, noble propósito en el que todos estamos de acuerdo, inclusive los propios comisionados de la CIDH, quienes son conscientes que hay aspectos que mejorar en el sistema (como agilizar la tramitación de la peticiones). Sin embargo, estas propuestas no se formulan en el vacío sino que vienen precedidos de antecedentes y se sitúan en un contexto en el que, lamentablemente, no todas han sido buenas intenciones por parte de algunos Estados miembros.
En efecto, conforme el sistema interamericano ha ido avanzando en la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana y en otros instrumentos de la OEA, ha venido resultando cada vez más incómodo a algunos Estados miembros y, en especial, a algunos Gobiernos de turno. Por ello, en más de una ocasión algunos representantes estatales han utilizado el argumento de la reforma del sistema interamericano como “Caballo de Troya” para intentar, en realidad, debilitarlo. El primer intento que se recuerda en esa línea es el que lideró el Gobierno del Perú durante el fujimorato en los noventas, a través de la entonces embajadora peruana ante la OEA.
Con ello no negamos que hayan Estados miembros de la OEA que, con auténtica sinceridad, desean mejorar el sistema interamericano, pero lamentablemente la historia reciente muestra también intentos en sentido contrario ante las cuales, por cierto, hay que estar alertas. Al respecto, en una reunión con representantes de la sociedad civil llevada a cabo el pasado 11 de marzo en Washington D.C., el Secretario Ejecutivo de la CIDH reafirmó dos principios básicos que deberían ser claves en cualquier reforma del sistema interamericano de derechos humanos:
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Que toda reforma debería ser liderada por los órganos del sistema, en especial por la Comisión dada su propia naturaleza.
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Que toda reforma del sistema debe ser consultada y dialogada con la sociedad civil, en una atmósfera de transparencia.
¿Qué propuestas concretas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han surgido ahora en el seno de la CAJP? La información al respecto es escasa pero, entre otras, resaltan dos planteamientos:
- Algunos Estados miembros reclaman reformas para garantizar el derecho de defensa de los Estados denunciados o demandados, tanto a nivel de la Comisión como de la Corte.
En el caso de la Corte interamericana de derechos humanos, la reforma de su reglamento supuso la consagración de las víctimas o peticionarios como verdaderos sujetos procesales a partir de que la Comisión interpone la demanda ante la Corte, configurando, en la práctica, un proceso con dos partes demandantes –la Comisión y los peticionarios– y una parte demandada –el Estado–. Respecto a este punto, no se desprende perjuicio alguno en contra de los Estados, pues como en cualquier proceso nacional o internacional, puede haber más de una parte demandante o demandada y ello no conlleva afectación alguna al derecho de defensa.
En el caso de las audiencias ante la Comisión, hay algunas que son reservadas y sin la presencia de representantes estatales, a solicitud de los peticionarios por consideraciones de seguridad o para que posteriormente no se tomen represalias contra los peticionarios. Consideramos que este supuesto excepcional está plenamente justificado, por ejemplo, en el último periodo de sesiones hubo una audiencia reservada sobre la Venezuela de Chávez y pudimos escuchar testimonios de personas que habían sufrido represalias.
En cambio, en ocasiones algunos peticionarios piden a la Comisión que los representantes de los Estados no participen de las audiencias por consideraciones distintas a su seguridad o integridad. Creemos que en este segundo supuesto sí debería permitirse la presencia del Estado si es que sus representantes así lo solicitan; no encontramos razón alguna para no darle la oportunidad al Estado que diga lo que tenga que decir en una audiencia pública cuando no está en juego la seguridad o integridad de los peticionarios.
- Por otro lado, hay una segunda propuesta de reforma del sistema que es francamente inaceptable: la posibilidad de la caducidad o archivamiento de una petición cuando la Comisión interamericana no emita informe de admisibilidad en un plazo determinado. Sobre el particular, es cierto que la CIDH en ocasiones demora en exceso el informe de admisibilidad de una petición, pero la razón principal es la escasez de recursos económicos y humanos que impiden que la Comisión pueda responder con mayor celeridad.
Es más, dentro de esa estrechez presupuestal, la CIDH ha diseñado una suerte de plan de descarga procesal, según ha informado recientemente la Secretaría Ejecutiva de la CIDH: “… entre marzo y abril del año 2007 se diseñó un plan de acción, que conllevó a la creación de un grupo especializado (“Grupo de Registro”), financiado en su mayoría por fondos externos y con una duración máxima programada de veintiocho meses, de junio de 2007 a septiembre de 2009. El objetivo del Grupo puede expresarse en los siguientes términos: entre junio de 2007 y septiembre de 2009, la Secretaría Ejecutiva (a través del trabajo del Grupo de Registro) debe adoptar las acciones necesarias para una decisión sobre la tramitabilidad o no de toda petición presentada a la CIDH antes del 1 de julio de 2006”.[1]
Ahora bien, los responsables principales de la escasez de recursos económicos de la CIDH son, precisamente, los Estados miembros, que no cumplen con aprobar, en el marco de la OEA, un mayor presupuesto para la Comisión, a pesar que ésta viene pidiéndolo desde hace mucho tiempo. Por ende, también hay una co- responsabilidad de los Estados en esta demora de la CIDH para resolver las peticiones.
Por otro lado, esta propuesta de que las peticiones caducarían o se archivarían si transcurre un plazo determinado sin ser admitidas, colisionaría frontalmente con el carácter imprescriptible de las graves violaciones a los derechos humanos. Desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales, no hay duda que ésta es una propuesta que debilitaría y no fortalecería el sistema interamericano.
Lamentablemente, uno de los autores de esta increíble propuesta fue el entonces embajador del Perú ante la OEA, Ántero Flores-Aráoz. Don Ántero es una persona inteligente y afable en el trato personal pero, a la vez, no podemos dejar de mencionar que ha sido líder de opinión en tres temas de gran interés para el actual Gobierno del APRA y, en especial, para el Presidente Alan García. En efecto, ha sido líder de opinión en contra del Tribunal Constitucional (y autor de más de un proyecto de ley para recortarle prerrogativas), en contra las organizaciones de la sociedad civil (y autor de algunas de las normas de control de las ONG) y en contra de algunas decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Confiamos que esta propuesta de don Ántero no prospere, pues supondría un grave retroceso en la protección de los derechos humanos por parte del sistema y, por ende, un grave retroceso en la protección de los derechos de los peruanos y peruanas. Recordemos que hasta el propio Presidente García fue beneficiario de informes y medidas de la CIDH en contra del fujimorato.
(David Lovatón Palacios)
[1] Reunión entre Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH y representantes de la sociedad civil, 131º periodo ordinario de sesiones, Washington DC, 11 de marzo del 2008, p. 1.
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